BATON
ROUGE, Luisiana. EE.UU. (AP) — Autoridades federales acusaron a tres jefes
policiales actuales o anteriores de Luisiana de recibir sobornos a cambio de
presentar informes policiales falsos que permitirían que no ciudadanos buscaran
obtener una visa que permite que ciertas víctimas de delitos permanezcan en
Estados Unidos.
Los informes
policiales falsos indicarían que el inmigrante fue víctima de un delito que le
permitiría solicitar una llamada visa U, afirmó el miércoles el fiscal federal
Alexander C. Van Hook en una conferencia de prensa en Lafayette. Dijo que los
jefes policiales recibieron 5.000 dólares por cada nombre para el cual
proporcionaron informes falsificados, y que había cientos de ellos.
“Había una
concentración inusual de robos a mano armada de personas que no eran de
Luisiana”, dijo Van Hook, y añadió que hay dos acusados más en el presunto fraude.
“De hecho, los
robos a mano armada nunca ocurrieron”, manifestó.
A principios de
este mes, un jurado federal de investigación en Shreveport presentó una
acusación con 62 cargos en los que a los cinco demandados se les imputan
delitos como conspiración para cometer fraude de visa, fraude de visa, soborno,
fraude postal y lavado de dinero, dijo Van Hook.
Los acusados son
el jefe de la policía de Oakdale Chad Doyle, el jefe policial de Forest Hill
Glynn Dixon, el exjefe policial de Glenmora Tebo Onishea, Michael “Freck”
Slaney, un policía de Oakdale, y Chandrakant “Lala” Patel, un empresario de
Oakdale.
Si son
condenados, los acusados podrían enfrentar años o incluso décadas de cárcel. En
los registros judiciales y penitenciarios no se mencionan abogados para ninguno
de ellos.
Según los
investigadores, las personas que buscaban visas especiales se comunicaban con
Patel, quien contactaba a los agentes de la ley y les ofrecía un pago a cambio
de informes policiales falsificados en los que los migrantes aparecen como
víctimas de robos a mano armada que nunca ocurrieron.
El fraude
continuó durante casi una década, dijo Van Hook.
Cuando se le
preguntó qué podría suceder con las personas que supuestamente pagaron
sobornos, si podrían ser acusadas o si su estatus migratorio podría cambiar,
Van Hook dijo que no podía decirlo aún, pero que la investigación está en
curso.
Algunas víctimas
de delitos, y sus familias, pueden ser elegibles para obtener visas temporales
y, en algunos casos, para tener una vía a la ciudadanía. Unas 10.000 personas
obtuvieron estas “visas U” en el período de 12 meses que terminó el 30 de
septiembre de 2022, el más reciente para el cual el Departamento de Seguridad
Nacional ha publicado datos.
Estas visas
especiales, creadas por el Congreso en 2000, están dirigidas específicamente a
víctimas de ciertos delitos “que han sufrido abuso mental o físico” y son “útiles
para las fuerzas del orden o funcionarios gubernamentales en la investigación o
enjuiciamiento de actividades delictivas”, según una descripción del programa
publicada por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.
“Estas visas
están diseñadas para ayudar a las fuerzas del orden y a los fiscales a procesar
delitos donde se necesita que la víctima o el testigo esté presente”, afirmó
Van Hook. “Las visas U cumplen un propósito valioso, y este es un caso donde se
abusó de ellas”.
Cuando se le
preguntó sobre la magnitud del fraude, Van Hook dijo que hay “cientos de
nombres” específicamente para visas que fueron aprobadas.
Al menos dos de
los jefes policiales habían sido arrestados hasta la mañana del miércoles,
cuando se realizó la conferencia de prensa, dijeron las autoridades.
Cuando se le
preguntó sobre su papel en el caso, Lester Duhé, portavoz de la fiscalía
general de Luisiana, dijo que esa oficina ayudaba a los agentes federales con
“actividades autorizadas por la corte”.
Los jefes de
policía actuales o anteriores trabajaron en pequeños municipios del centro de
Luisiana, muy cercanos unos de otros. Se encuentran en una parte del estado que
alberga múltiples instalaciones de detención de inmigrantes. Aunque Luisiana no
comparte frontera con un país extranjero, cuenta con nueve instalaciones de
detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos
(ICE, por sus siglas en inglés), que albergan a casi 7.000 personas.
Medios de
comunicación locales informaron haber visto a agentes del ICE y del FBI
entrando en las casas de dos de los jefes. Van Hook dijo que las autoridades
registraron varios departamentos de policía y una tienda de sándwiches Subway
que operaba Patel.
Van Hook y otros
funcionarios dijeron en la conferencia de prensa que los arrestos no significan
que los departamentos de los jefes acusados sean corruptos.
En 2021, los
Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas
en inglés) advirtieron que el programa de visas U era susceptible de fraude
cuando una auditoría de la Oficina del Inspector General reveló que no habían
abordado las deficiencias en su proceso.
En la
auditoría se encontró que la agencia aprobó varias firmas sospechosas de las
fuerzas del orden que no se compararon con una base de datos de firmas
autorizadas, según el informe de la oficina. Tampoco se dio un seguimiento
riguroso a los resultados de los casos de fraude, el número total de visas U
otorgadas por año, y no se gestionaba efectivamente el atraso, lo que llevó a
que las víctimas de delitos esperaran casi diez años antes de recibir una
U-visa.
Esta historia
fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de
inteligencia artificial generativa
